La
persecución sistemática y la asfixia económica destruyen los medios
paulatinamente, y los lleva de la censura a la autocensura
Programas
radiales y televisados pasaron a dar prioridad a la miscelánea antes que a la noticia.
Los periódicos redujeron sus páginas, y varios han dejado de circular por falta
de papel.
Por Miguel Cardoza - @MiguelCardoza
En el pasado,
cuando ocurrían agresiones o se arremetía de diversas formas contra la prensa,
rápidamente muchos circunscribían los casos a escenarios internacionales,
incluso lo asumían con monotonía en zonas donde operan grandes cárteles del
narcotráfico o donde hay conflictos bélicos. Pero, lamentablemente, esos casos
están cada día más cerca, pues para el poder político o donde opera el crimen
organizado, uno de los primeros objetivos para controlar son los medios de
comunicación.
En las zonas fronterizas existe temor por
el accionar de los grupos armados, es vox populi. Más allá de que un periodista
sienta miedo al investigar tampoco encontrará quién hable, particularmente en
la zona de frontera con Colombia. La zozobra es colectiva. Pero es aún más
terrible cuando amenazas, persecución, medidas fiscales, regulaciones jurídicas
absurdas, ataques físicos y todo lo inherente a censura proviene del Gobierno,
como ocurre en Venezuela. Ambas presiones son igual de reprochables.
En el año 2013 se incrementó en 328 % la
aplicación de controles sistemáticos por parte del Estado a los medios de
comunicación, según el Instituto de Prensa y Sociedad. Escandalosa cifra, pero
más allá de ese número está la cruel realidad: el temor generalizado por los
controles agudos elevados con instrumentos jurídicos, entre otros, la «Ley
mordaza», o Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión, aprobada en el
año 2004 y a la cual en el 2012 se le hizo una reforma para incluir los medios
electrónicos a fin de controlar los contenidos, entre otros, de las páginas
web. Ciertamente, las regulaciones son válidas, pero en ese caso la intención
es debilitar la pluralidad y, por ende, afectar la diversidad e independencia
de los medios. Desafortunadamente, en muchos casos lo han logrado ante el
amedrentamiento físico, presiones legales o la asfixia económica, como ocurre
con los medios impresos y las trabas para liquidar las divisas con las que se
adquiere papel periódico.
Fue desde el año 2002 cuando arreció la
persecución paulatina de figuras emblemáticas del periodismo por parte del
entonces presidente Hugo Chávez, y el ataque, incluso físico, contra varios
medios de comunicación. Hay que cuestionar algunos aspectos del cubrimiento
durante los sucesos del 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002, pero tampoco
justifica el empeño desmedido por acabar con los medios críticos bajo la excusa
de algunos errores que en momentos de conflicto se pudieron haber cometido.
Cuando ocurrió el sonado caso del cierre de
Radio Caracas Televisión (RCTV), el 27 de mayo de 2007, el mundo evidenció con
más fuerza lo que pasaba. Pero desde hace rato ya peligraba la libertad de prensa.
Una de las razones: el acorralamiento económico.
Si en algo han sido expertos los promotores
del llamado socialismo del siglo XXI es en cercar. Por mencionar un caso: el
estado Apure hace 10 años era informado por 2 diarios y 6 semanarios, hoy esa región
de 459 mil habitantes y 76 500 kilómetros cuadrados apenas cuenta con un diario
y un semanario. Hay casi 100 emisoras de radio, pero dedicadas a la música o
miscelánea en un 97 %, aproximadamente, muchas de ellas están operando
ilegalmente. La autocensura es el camino de muchos para evitar problemas, ya
que casi todo depende de «papá Estado» y este es manejado a discreción con
beneficios según el color político. El Gobierno, en gestiones anteriores,
ofreció pautas publicitarias que no pagó y dejó a las empresas de comunicación
con enormes deudas, lo que significó la quiebra para muchas de ellas. Ahora es,
prácticamente, nula la publicidad del Estado en los medios locales. Los
propietarios de radios, televisoras o rotativos en su gran mayoría optan por no
permitir denuncias contra el Gobierno regional por temor a sanciones. Tampoco
hay grandes empresas y he ahí el karma periodístico, e incluso para productores
particulares, situación que el poder degusta. Este relato solamente ilustra una
historia de las tantas repetidas en los 24 estados del país.
Las agresiones dejaron de ser verbales,
desde los más altos jerarcas, para ser físicas, con golpes a periodistas,
ataques a sedes de radios, periódicos o televisoras; y hasta psicológicas, con
mensajes de texto, llamadas intimidatorias o panfletos. En medio de todo eso
aparece el fantasma: la autocensura. Esa que presenta la idea de que la
libertad de expresión está garantizada al informar una verdad parcial. ¡Cuánto
daño nos hace! Es la «reina» actual del periodismo venezolano.
Pero, ¿por qué la censura y autocensura es
generalizada y cualquier tema es proclive a ser dejado con bajo perfil? La
respuesta es un trabalenguas, pero se entiende fácilmente. En Venezuela el
Estado es todopoderoso, y se maneja al igual que el partido y el partido mete
las narices en todo, por mínimo que sea. ¿Qué sistema de Gobierno es este?, se
preguntarán algunos. Pues así es. Absorbente y prepotente. Por cierto, el
acceso a la información pública es extremadamente limitado.
Otra de las acciones comunes es la
descalificación contra los más destacados comunicadores, buscan el asesinato
moral; y por esa vía, que sus análisis e informaciones de primera mano sean
ignorados por la población. Las estaciones radioeléctricas que el oficialismo
utiliza son inmunes a sanciones, violan las leyes descaradamente y exponen al
escarnio público a quienes se atrevan a poner entredicho cualquier acción o
decisión gubernamental. Para ellos no hay ley, solamente se aplica a quien no
sea aliado confeso. Hay muchos amedrentamientos que permanecen en el anonimato,
porque en ocasiones la amenaza no viene directamente de un funcionario, sino de
un grupo armado aliado de quienes gobiernan, y ante tanta desprotección no es
fácil mantenerse de pie. Gracias a Dios muchos aún lo hacemos. La frase final
la tomo de un reportaje reciente del periódico El Comercio, de Ecuador: «Maduro
no cierra medios de comunicación, los compra».
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