Por FREDDY SERRANO DÍAZ
Director general del Instituto de Tránsito
y Transporte del departamento de Arauca
Martín es uno más de los dedicados
trabajadores araucanos, que gracias a sus ingresos pudo adquirir
una motocicleta usada, cuyo traspaso nunca se finiquitó. Desde hace dos años
conduce por las calles de su pueblo, con el riesgo de que las autoridades le
inmovilicen un automotor que no está a su nombre, pues familiares de quien
aparece en la licencia de tránsito, una persona fallecida, esperan que una
sucesión defina el nombre del propietario del vehículo.
Así las cosas, Martín ─como muchos de los
desprevenidos usuarios de la movilidad─ tiene en su poder un vehículo que no es
suyo. Lo mismo le ocurre a Narda, otra compradora de motocicleta, que decidió
acudir a una de las comunes compraventas, donde le entregaron un vehículo extranjero, a muy bajo precio, cuyos
documentos advierten una propiedad de una persona que ella ni siquiera conoce.
Casos como esos son frecuentemente el dolor
de cabeza de cientos de ciudadanos en nuestros pueblos, donde por costumbre se
negocian carros y motos obviando la obligación legal de hacer las diligencias
necesarias para evitar un inconveniente que afecta, tanto a compradores como a
vendedores, pues al haber un cambio en los datos del dueño en la licencia de
tránsito, conocida como tarjeta de propiedad, se evitan responsabilidades
asociadas a situaciones posteriores a la adquisición.
Y qué decir de Claudia, una más de las
incautas personas involucradas en el juego de los irresponsables. Ella prestó
sus datos para que compraran una motocicleta a su nombre, pues un supuesto
amigo, con multas por comparendos vigentes, no podía adquirir dicho vehículo; y
ahora debe responder por deudas de crédito, impuestos y procesos jurídicos,
entre otros, obligaciones de una joven estudiante que apenas empieza a vivir.
¿Quién responde?
Está claro que la respuesta a la pregunta
¿quién responde?, no debe estar ligada a ningún tipo de excusa, máxime cuando,
de alguna manera, todos tenemos responsabilidad a la hora de suscribir un
compromiso con la movilidad, pues indistintamente de la condición de cualquier
ser humano, de alguna manera todos podemos evitar un dolor de cabeza en el futuro, e, incluso, evitar un accidente.
A casos como el de Martín, Narda y Claudia
se suman otro tipo de situaciones, como la de doña Teresa, una esmerada ama de
casa a la que su «niñito», de 17 años, literalmente le «robó» hace semanas la
motocicleta para irse de farra con sus amigos. El irresponsable, en medio de la
rumba, con tragos en su cabeza y sin estar habilitado con una licencia de
conducción atropelló a un menor, que aún hoy está gravemente lesionado en un
Hospital de Cúcuta. Mientras la
enternecedora señora busca dinero para subsanar los daños, el «angelito»
permanece dormido gran parte del día, en un chinchorro, en el patio de su casa.
El principio del derecho que dice «dura es
la ley, pero es la ley», nos lleva a revisar que la bondad de la mamá del menor
de edad no la exime de la responsabilidad solidaria que tiene sobre los actos
de aquel, así como no son ajenos compradores o vendedores de vehículos sin
traspaso para acudir a los demás casos señalados. Con esos casos queda
demostrado que por fácil o barato que parezca un negocio, lo mejor es
concluirlo correctamente.
Situaciones como las descritas en estas
líneas son una mínima parte del «pan de cada día» en las oficinas del Tránsito,
un organismo incomprendido, al que acceden ciudadanos en busca de una solución
que no está en nuestras manos, y a quienes podemos ayudar solo con una asesoría
que conduzca a darle legalidad y formalidad a los procedimientos.
Por duro que parezca, de ese modo hacemos
llegar una recomendación a los colombianos, pues como se lo hemos ratificado,
Martín debe legalizar el traspaso, o entregar la motocicleta al que en la
sucesión disponga el juez; Narda, además de tener sus documentos extranjeros al
día, debe cumplir la norma del país donde se esté movilizando el automotor;
Claudia debe pagar sus obligaciones y recuperar lo que es de su propiedad; y
doña Teresa, facilitar la labor de las autoridades en torno a las
investigaciones restringiendo que su irresponsable hijo siga haciendo de las suyas.
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