¡Y VIENEN POR MÁS!

Por Antonio Colmenares Martínez

El presidente, Juan Manuel Santos, respondió el jueves 14 de agosto de 2014 la solicitud que Nicaragua presentó el 16 de septiembre del 2013 ante la Corte de La Haya, para reclamar  plataforma continental extendida más allá de las 200 millas contadas desde su mar territorial, lo que se traduce como dejar los límites cerca a Cartagena. Y se pronunció el presidente solamente para pedirle a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que se declare incompetente para estudiar y decidir sobre la demanda de Nicaragua. «Nicaragua pretende ahora reclamar una presunta plataforma continental extendida, y Colombia argumenta que dicha demanda es inadmisible», dijo Santos Calderón. Fue una alusión al tema únicamente como para dejar consignado en la historia que el Gobierno sí se preocupó por la soberanía nacional, y porque debe reconocer que solo si La Haya decide no actuar por, supuestamente, no ser competente, se evitaría una nueva y segura derrota diplomática como la que se sufrió con la decisión de esa instancia en un fallo leído el 19 de noviembre de 2012.

Colombia con Nicaragua siempre ha perdido. La cadena de derrotas empezó cuando se firmó el Tratado Esguerra Bárcenas en 1928, cuando el plenipotenciario Esguerra regaló la Mosquitia, que era parte de Colombia y de ‘moño del regalo’ les encimó el mar hasta el meridiano 82.

Ahí se le abrió el apetito a Nicaragua, que dio el siguiente paso, que concluyó el 19 de noviembre de 2012; y enseguida se volcaron por más, y ganarán porque de  la diplomacia colombiana certificada en derrotas no se puede esperar nada bueno. Para demostrar que eso es verdad, basta con recordar la apátrida confesión de Julio Londoño Paredes, jefe del grupo de diplomáticos que, supuestamente, defendió a Colombia, para quien no se perdió nada porque «no se puede perder lo que nunca ha sido propio», según dijo. Lo robaron con las materias de Historia y Geografía de Colombia en la primaria, y luego engañó a todos los colombianos porque se creyó en él para demostrar a la CIJ la propiedad colombiana de los territorios insulares, mientras, simplemente, el cínico dejó pasar el tiempo porque siempre pensó como ignorante y perdedor.

Y si «no se ha perdido nada» y la Armada sigue en toda la jurisdicción es porque falta un tratado entre Gobiernos, falta protocolizar lo que en papeles y por decisión de La Haya se perdió, es decir, una importante porción de la totalidad del mar que los isleños raizales pusieron en las manos de Colombia para su administración desde 1822.

La de Colombia ha sido y es una mala administración, porque le entregaron un territorio insular con grandes riquezas, siendo la principal la población nativa que debía permanecer unida, fortalecida, protegida; y estos mediocres Gobiernos colombianos permitieron que dividieran esa etnia con el meridiano 82, que es como un «muro de Berlín» pero en el mar, y, además, invisible a los ojos de La Haya y de las entidades internacionales, especialmente de las protectoras de derechos humanos.

Los diplomáticos colombianos se acostumbraron a perder y por eso el territorio nacional ya no es ni la mitad de lo que fue cuando toda esa maravilla comenzó a ser la República de Colombia. Se ha perdido territorio con Perú, con Venezuela, con Ecuador y Panamá, pero lo más doloroso es la pérdida del mar ancestral; y todo debido a la mediocridad diplomática, a la que se suma otra característica colombiana: que es dejar todo para lo último, cuando ya no haya nada que hacer cuando «ya no hay tiempo sino para llorar». Por eso pasó lo de Armero, que se había previsto, pero la lentitud del Gobierno permitió la mayor tragedia de la historia. Son «crónicas anunciadas» que no se tienen en cuenta a tiempo, y en vez de preparar y asumir con responsabilidad las defensas, los Gobiernos se «hacen los locos» para que solucione el Gobierno que sigue y a veces el tiempo los traiciona.

Hay un documento que firma el profesor ProsperWeil sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua, presentado once años antes de la lectura del fallo de la CIJ, en el 2001, pero que fue «engavetado» y no se permitía  acceso a él por ser de «alta confidencialidad».

En ese concepto  Weil destaca la necesidad de definir la frontera geopolítica con base en el meridiano 82, no como pretendía Colombia: con una línea que estaba destinada a un rotundo fracaso. Nadie se explica por qué Colombia, como lo ha manifestado en repetidas ocasiones Enrique Gaviria Liévano, no definió la unidad geográfica del departamento archipiélago antes de 2001. Eso es desidia de presidentes andinos ignorantes del mar y despreocupados de la responsabilidad de gobernar para todos y no solo para la zona andina del país.

La Convención de las Naciones Unidas para el derecho del mar la conforman 160 países, y establece el orden en los océanos a través de un régimen jurídico y que dicta normas sobre los conceptos de mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, cuya extensión es de 200 millas náuticas, equivalente a 320 kilómetros, que se miden a partir de la línea de base o línea costera.

Además dicta los deberes y derechos sobre la plataforma continental, normas que, algunas de ellas pertenecen al derecho internacional consuetudinario, que observa precisiones que van más allá de la simple medición a partir de la línea costera o básica.

Lo que quiere Nicaragua es que la CIJ falle de nuevo, pero ahora contemplando que la plataforma puede ser mayor de 200 millas de zona económica exclusiva, con el criterio de que más allá de esa distancia, llamada plataforma continental extendida (PCE), se debe tomar en cuenta que se requiere de «una descripción de la forma, profundidad y características geofísicas del lecho y el subsuelo marinos». De todas maneras, ese estudio tomaría varios años ya que en esos territorios hay riquezas ecológicas que deben conservarse para la seguridad no solo de un país, sino por la de todos los vecinos.

La miopía de los presidentes y cancilleres colombianos de todos los tiempos no ha permitido el diseño de políticas serias en esa materia, y por eso, cualquier país que reclame ganará sus reclamaciones, más cuando por no ser miembro de esa convención del mar, no hay seguridad de hasta qué punto se aplican sus tesis. Aunque la convención es científica,  no judicial, y solamente ve realidades sin calificar.